DECLARACIÓN DE SANTO DOMINGO: EL PRD Y LA SEGURIDAD SOCIAL DOMINICANA

FRENTE NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL DEL PRD

PARTIDO REVOLUCIONARIO DOMINICANO

CONGRESO DR.JOSÉ FRANCISCO PEÑA GÓMEZ

Por la Unidad y la Renovación del PRD

1. 1. 1. El Frente Nacional de Seguridad Social del PRD, en el marco de la celebración del Congreso Dr. José Francisco Peña Gómez, los días 10 y 11de octubre de 2010,
  CONSIDERANDO

I. Que el PRD en una expresión clara de su intención de romper con el estado de inequidad ancestral que ha caracterizado a la sociedad dominicana y dar respuesta a la creciente demanda social que exigía y exige una mejor distribución del ingreso y una protección social más justa y amplia, creó con la Ley 87-01, las condiciones para que la República Dominicana, el 9 de mayo del 2001, diera el paso más trascendental en toda su historia social, al asumir el Estado dominicano, impulsado por el PRD y el socialismo democrático, la Seguridad Social como derecho humano, como política pública y como elemento fundamental del desarrollo social del país

II. Que a punto de cumplirse los 10 años del Período Transición en mayo del 2011, plazo otorgado por el art. 33 de la Ley 87-01 para implementar, desarrollar y afiliar a la población gradualmente, está a la vista de todo el país y el mundo que dicha reforma no ha tenido la

connotación social

III. Que gobierno ha sido incapaz de impulsar una política de fomento del Empleo Decente como respuesta al deterioro creciente del empleo por la pérdida de más de 300 mil puestos de trabajadores urbanos y del sector rural, el aumento notable del sector informal, la falta de incentivos a la micro, pequeña y mediana empresa, con lo cual ha puesto en peligro las prestaciones sociales en salud, las pensiones, el equilibrio financiero actual y la sostenibilidad futura del sistema.

1. .

1. contenida en el espíritu de dicha ley y que el país esperaba.

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IV. Que la falta de interés, la incompetencia y la falta de voluntad política del gobierno actual ha quedado en evidencia en la persistencia de un grave problema de cobertura poblacional que mantiene desprotegida a cerca del 65 % de la población, vale decir a más de 6 millones de dominicanas y dominicanos que aún carecen de un seguro de salud que los proteja contra el riesgo de contraer una enfermedad, situación esta inaceptable desde el punto de vista de la justicia social y en el contexto de un estado moderno.

V. Que al cabo de trece años de haberse iniciado una Reforma del Sistema Nacional de Salud y haber invertido el Estado dominicano decenas de miles de millones de pesos, el fracaso estrepitoso de la reforma se puede constatar en persistencia de prácticamente las mismas condiciones que dieron origen al proceso de reforma: baja inversión, calidad y eficiencia del Gasto Público en Salud, persistencia del viejo modelo de salud, inequidad en el acceso a los servicios y alarmantes indicadores de salud como lo demuestran las elevadas tasas de mortalidad infantil general y la tasa de mortalidad materna.

VI. Que la corrupción a todos los niveles de la administración pública ejercida desde el gobierno contra el Estado dominicano por la mayoría de sus funcionarios ha alcanzado niveles proverbiales y ha permeado el Sistema Dominicano de Seguridad Social, y, que el gobierno ha propiciado e incentivado la evasión y elusión de las cotizaciones y el propio Estado como empleador adeudan al sistema miles de millones en cotizaciones que han sido descontados a los empleados lo cual pone en peligro la eficiencia y la sostenibilidad futura del sistema y de las prestaciones sociales de todos los trabajadores dominicanos.

VII. Que hasta ahora el Sistema Dominicano de Seguridad Social sólo ha tomado en cuenta a una parte de los trabajadores formales, ignorando derecho a protección social que tienen más de tres millones de trabajadores a ser incorporados al Régimen Contributivo Subsidiado como son la mayor parte de los micro y pequeños empresarios, los profesionales y técnicos, los trabajadores domésticos y los trabajadores del sector informal de la economía, cuyas necesidades de protección son aún mayores que las del sector formal.

VIII. Que la situación anterior se agrava si tomamos en cuenta que estos trabajadores de los sectores formal e informal de la economía representan la mayoría de la fuerza laboral del país y que permanecen desprotegidos al margen de Seguro Familiar de Salud, del Seguro de Riesgos Laborales y Enfermedades Profesionales y del Sistema de Pensiones, situación inaceptable si tomamos en cuenta que éstos sectores representan la mayoría de los trabajadores dominicanos por lo que estamos ante una grave situación de falta de justicia social, de libertad y de exclusión social.

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IX. Que en las distintas conferencias internacionales de seguridad social se destaca la necesidad de actuar de manera proactiva ante el fenómeno de las migraciones determinadas por las nuevas circunstancias que impone el mundo de hoy marcado por una creciente apertura comercial, lo cual implica un movimiento cada vez mayor de trabajadores y trabajadoras cuyo ámbito de referencia es el mercado de trabajo en un entorno de globalización fundamentado en los diferentes procesos de integración a escala mundial.

X. En nuestro país la creciente migración de nacionales desde nuestro vecino Haití se ha convertido en una carga cada vez mayor sobre todo para el Sistema Público de Salud que desde el punto de vista ético no puede negar dichas atenciones, y que sobre todo, tenemos el problema humano que representa la garantía de protección de los derechos sociales adquiridos y la igualdad de trato de los trabajadores migrantes y sus familias al final de su vida productiva.

DECLARA

I. Que el PRD asumirá nuevamente el compromiso social y político de impulsar en el Congreso Nacional la revisión, evaluación y actualización de la Ley 87-01 de Seguridad Social y sus reglamentos en un contexto más general, tomando en cuenta los procesos globales de integración, la situación económica del país y las posibilidades de financiación de las prestaciones, las relaciones sociales, políticas, demográficas en que se implementa el actual Sistema Dominicano de Seguridad Social, colocándola en las prioridades de la agenda nacional de discusión de políticas y estrategias para la reducción de la pobreza.

II. Que habida cuenta del actual deterioro de las oportunidades de empleo tanto urbano como rural y el aumento de los niveles de pobreza, y consecuentemente con el principio de que no hay seguridad social sin empleo, ya que la misma tiene su base en el empleo, se plantea como eje y objetivo prioritario promover con la colaboración con las organizaciones de empleadores, trabajadores urbanos y del sector rural, y de la propia Seguridad Social, la implementación de una política de promoción y fomento del Empleo Decente, productivo, estable y libremente elegido.

III. Que en la lucha contra la pobreza y como forma de enfrentar la deuda social acumulada históricamente, reforzaremos el pilar público, social y solidario de la Seguridad Social, y que iniciaremos gradualmente, de acuerdo con las posibilidades financieras, el Régimen Subsidiado de

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Pensiones, otorgando pensiones solidarias en beneficio de la población pobre especialmente los indigentes, desempleados y discapacitados tomando como parámetro la relación de ingresos familiares.

IV. Que asumiremos el compromiso político de iniciar el diálogo social en todas sus formas bipartita, tripartita, en la dirección de avanzar hacia una Segunda Reforma del Sistema Nacional de Salud que garantice a todos los ciudadanos el ejercicio pleno del derecho a la salud ampliando la cobertura poblacional, las prestaciones y la equidad en el acceso a los servicios de más de 6 millones de personas que en la actualidad están desprovistos de un seguro de salud que les proteja contra el riesgo de contraer una enfermedad.

V. Que impulsaremos los estudios y acciones concretas para la puesta en marcha del Régimen Contributivo Subsidiado para la ampliación de la cobertura y las prestaciones en salud y las pensiones no sólo a los trabajadores del sector formal de la economía, sino a todo el sector informal, los profesionales y técnicos independientes, los trabajadores domésticos, agrícolas y trabajadores del mar; asimismo, manifestamos la necesidad de avanzar en los aspectos relacionados con la salud y seguridad en el trabajo específicamente con la prevención de los riegos de trabajo y las enfermedades profesionales y el medio ambiente laboral, teniendo especial atención en las pequeñas empresas.

VI. Que tomando en consideración el estado de miseria y desigualdad de oportunidades en que se encuentran amplios segmentos de familia dominicana, lo cual se manifiesta por los alarmantes niveles de desnutrición en la población infantil, la baja escolaridad y productividad que comprometen el desarrollo futuro de nuestra sociedad, se plantea la creación por vía de la Ley 87-01, de una modalidad no contributiva de Asignaciones Familiares Básicas que alcance gradualmente a todas las familias dominicanas, modalidad ésta relacionada con el principio de equidad horizontal que evitará distorsiones en la asignación de los recursos del Estado con fines claramente clientelistas como es el caso del SIUBEN.

VII. Que iniciaremos un proceso de Implementación de medidas rigurosas de control administrativo para transparentar el Sistema de Recaudación de los Recursos de la Seguridad Social, y sobre todo, para la erradicación de la corrupción en todas sus formas de las instituciones de la Seguridad Social y la Secretaría de Hacienda.

VIII. Que asumiremos con sentido crítico la defensa y el rescate de las instituciones públicas de seguros sociales: Instituto Dominicano de Seguros Sociales (IDSS), Instituto de Bienestar Magisterial (INABIMA), planes de pensiones complementarios, los institutos de Seguridad Social de las FF. AA. y la Policía Nacional, otorgándoles subsidios en caso de déficit operativo con el objeto de reforzar su rol y el cumplimiento de su función

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social en el actual contexto y evitar de esa forma en algunos casos su privatización o desaparición.

IX. Que propiciaremos la inversión prioritaria de los recursos de los fondos de pensiones en los grandes proyectos nacionales como son: planes de vivienda, desarrollo forestal, obras fundamentales de infraestructura nacional, desarrollo del sector de la mediana y pequeña empresa, actividades industriales y agropecuarias.

X. Que ante el fenómeno de aceleración de las migraciones en todo el mundo, la creciente migración de nuestros nacionales sobre todo hacia Estados Unidos y Europa, el TLC con Estados Unidos y Centroamérica, los Acuerdos de Asociación con la Unión Europea y el CARICOM (EPA) y Taiwán, y, el problema creciente de la migración haitiana hacia nuestro país, propiciaremos la celebración de convenios binacionales o acuerdos con los Estados contratantes de nuestros nacionales e impulsaremos la adhesión al Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social para garantizar la igualdad de trato y protección especialmente en los seguros de salud y pensiones.

XI. Que propondremos para garantizar la transparencia y control de las instituciones de la seguridad social, la modificación del ámbito de aplicación de la Ley 10-07, que instituye el Sistema Nacional de Control Interno el cual incluye a todas las instituciones de la Seguridad Social, a fin de que las mismas, por su diversidad y complejidad técnica, puedan tener sus propios órganos de controles internos, tal como las instituciones del Sector Financiero Nacional, sin menoscabo de las funciones propias de la Contraloría General de la República, según los artículos 24 y 27 de la referida ley.

Santo Domingo, República Dominicana, 10 y11 de octubre del 2010.

Dr. Roberto Sánchez Ing. Leonardo Belén

Presidente Secretario General